Publicación: 27 de enero de 2021
Autoría: Aquileo Venganza
En Colombia la pandemia ha significado una profunda crisis laboral, ¿Quiénes pagan el costo de las medidas que buscan proteger el empleo? ¿Se está aprovechando la crisis para hacer reformas laborales?
Luego de diez meses de cierre debido a la pandemia, las afectaciones a la economía en Colombia no han sido pocas. Durante este tiempo diversos sectores que movilizan millones de empleos han sufrido directamente el rigor de la cuarentena, no en vano hace poco Colombia fue el país con la cifra más alta de pérdida de empleo entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Por eso no es de extrañarse que con la euforia post ‘Día sin IVA’, una leve recuperación en las cifras de empleo y el transcurrir del mes más festivo del año, se vislumbre una luz al final del túnel representada en la posibilidad de una reactivación económica, encajada dentro de la ‘nueva normalidad’.
Esa anhelada nueva normalidad llegará sin duda a un mundo diferente -por lo menos así será en el campo laboral- con el cambio obligado hacia el teletrabajo y una nueva oportunidad para enfrentarse a la informalidad, percibida como uno de los males endémicos del empleo en Colombia.
Según Carmen Pagés, economista del BID, una de las razones principales para la alta informalidad en Colombia es el trabajo “por cuenta propia” el cual desemboca en una muy baja tasa de afiliación a los beneficios de la seguridad social.
También estudios estadísticos (Dominguez Moreno 2011) han señalado que “por el hecho de que el jefe del hogar se encuentre en el sector informal del mercado laboral tiene poco más del doble de riesgo (125%) de que su hogar se encuentre en la pobreza con respecto a quienes se encuentran en el sector formal”.
Es apenas normal que la informalidad, que actualmente llega casi al 50% de la población ocupada en el país, sea uno de los molinos de viento contra los que el gobierno y el empresariado se enfrentan lanza en ristre.
Tampoco es descabellado que tanto instituciones, como gremios económicos, se esfuercen por mostrarle al trabajador que existe realmente ese enemigo en común frente al ideal de desarrollo económico: la informalidad, los altos incrementos del salario mínimo en Colombia, la migración venezolana, o “el maltrato al inversionista”.
Como ya lo vimos, la informalidad sin duda impide muchos avances en materia de cubrimiento y prestaciones para los trabajadores en Colombia, pero así mismo es alarmante y paradójico cómo las inequidades que el mismo sistema va creando, se convierten en caldo de cultivo para formular políticas públicas que perpetren esas mismas inequidades
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Cómo ya se mencionaba resulta paradójico cómo la búsqueda de mayor formalidad y reducción del desempleo deviene en propuestas que parecieran profundizar las desigualdades sociales.
Un ejemplo claro se encuentra en el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque o el llamado ‘Piso de protección social’. Una reforma laboral disfrazada, mediante la cual se obliga vincularse al piso de protección social a todos los trabajadores que devenguen en el mes menos de un salario mínimo por uno o más vínculos laborales o contratos de prestación de servicios a tiempo parcial.
Las personas que queden cubiertas bajo esta condición deberán ser inscritas en el régimen subsidiado de salud, vinculadas al Programa de Ahorro Voluntario de Beneficios Económicos, BEPS y serán cubiertas por un seguro contra accidentes laborales. Medidas importantes para lograr tan nobles resultados como ampliar la cobertura de las prestaciones.
Lo desafortunado, como suele pasar, es lo que transcurre “por debajo de cuerda”, cuando nos damos cuenta de que cada uno de estos avances en formalización y cobertura no son más que enormes retrocesos en materia de garantías laborales.
Así en beneficio del empleador se van transformando las cosas: ya no hay derecho a pensión sino a un ahorro extremadamente marginal en el sistema de BEPS; el llamado ‘seguro inclusivo’ reemplaza a la protección por riesgos laborales y traslada al régimen subsidiado a las personas con una relación laboral de dependencia, quienes deberían estar aseguradas bajo el régimen contributivo.
Sin ningún tipo de diálogo social se van disimuladamente empaquetando medidas de supuesta “flexibilización” que reducen los costos del empleador en detrimento de las garantías recibidas por los trabajadores, agudizando la pobreza y generando una falsa cobertura que aumenta mucho más la brecha social.
Dicha flexibilización unilateral viene desarrollándose desde mucho antes de la pandemia, con acciones como la ampliación de la jornada diurna bajo el mandato de Álvaro Uribe, que eliminó el grueso de los recargos nocturnos, reduciendo por lo menos en 24 billones en sus primeros 13 años de vigencia, los costos de contratación.
Casi pareciera como si esa noble búsqueda de formalización terminara en una legalización de la informalidad y la necesidad de medidas austeras en tiempos de COVID se convirtió en el caballo de troya ideal para convencer al trabajador de la necesidad de precarizar para proteger el empleo.
“Es posible que suframos un retroceso de 10 años en el avance logrado en temas como la distribución del ingreso, la mejora en los índices de empleo formal. Los sectores más vulnerables y las empresas medianas y pequeñas se verán sensiblemente afectados”, según el Contralor Carlos Felipe Córdoba.
¿Pero qué tal si ese retroceso no fuera más bien un vistazo al futuro?
En 40,2 % de empresas colombianas hubo despidos en primer semestre de 2020 según Valora Analitik, y aunque en el último trimestre del año pasado el Dane reportó una disminución en el desempleo, para las empresas han sido necesarias diferentes maniobras de adaptación o de “protección del empleo”.
Muy pocas empresas grandes o pequeñas han sorteado sin dificultades esta pandemia, para los pequeños negocios que irremediablemente tuvieron que despedir empleados, cerrar sus puertas o incluso cambiar de actividad económica principal, el 2020 fue un año irreversible y se puede decir que así lo fue para todo el mundo.
¿Qué hay de las personas que en mitad de la incertidumbre reinante se aferran al sostén de un contrato laboral con una empresa de renombre en su sector? Tendría uno que pensar que con el aval de las entidades bancarias y el apoyo directo del gobierno un contrato con una gran empresa significa alguna especie de comodín.
Pero qué tal si las medidas actuales fueran el escenario ideal para visionar las condiciones a futuro del trabajo flexible, con un empresariado cada vez más consciente de los beneficios de la contratación por horas y los mínimos básicos de la seguridad social cada vez más opcionales de acuerdo a las necesidades de recorte.
El año pasado luego de los primeros meses de restricción Corferias, entidad cuyo accionista mayoritario es la Cámara de Comercio de Bogotá anunciaba:
“(…)luego de tomar todas las medidas establecidas por el Gobierno Nacional para la protección del empleo, como ha sido el trabajo desde casa, el disfrute de vacaciones causadas y/o anticipadas, entre otras, está en proceso de adoptar otra medida con la que busca seguir en la política de protección del empleo de sus colaboradores, por lo cual está adelantando un proceso de negociación interna voluntaria con los mismos (a quienes tenga bajo la modalidad de termino indefinido y fijo en alguno casos) acordando una reducción de la jornada laboral en un 50%, lo que genera como consecuencia una disminución del salario respectivo, con el objeto de mantener y proteger el empleo de sus colaboradores, haciendo esfuerzos conjuntos para superar la difícil situación por la que está atravesando Corferias, ante la imposibilidad de realizar actividades”.
El lenguaje lo es todo, y el comunicado del ente ferial recuerda las palabras de los representantes de los gremios empresariales en su discurso de unidad frente a la dificultad, ocultando de fondo a quienes terminan realmente pagando las consecuencias de las medidas que protegen el empleo.
Esa reducción salarial que nos dicen ha salvado el trabajo de muchas personas, no es más que un reflejo de lo que será a futuro el trabajo precario formalizado mediante la contratación flexible, donde el trabajador asalariado ya no está luchando incansablemente por subsistir con un mínimo, sino que está obligado a ese mínimo por mucho que trabaje.
La reducción de salario en Corferias fue inicialmente de un 50% al tiempo que las actividades pasaron a la virtualidad y también se redujo la jornada de trabajo. Pero no se detuvo ahí, según empleados, actualmente va en un 75% mientras se retoman algunas actividades presenciales.
Para algunos trabajadores del ente este tiempo ha significado la oportunidad de buscar nuevos espacios de emprendimiento que permitan cubrir sus necesidades, paradójicamente viéndose obligados de cierta manera a la informalidad, mostrándonos una vez más la distopía, acelerada por la pandemia, de un sistema laboral cada vez más desequilibrado.
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