Hacienda Tulapas: La reforma agraria paramilitar bendecida por el Estado

“En el entramado de la creación  y la evolución del paramilitarismo hay una participación y responsabilidad de los sectores de poder, no solo económico, sino políticos y sociales”: Salvatore Mancuso ante la Comisión de la Verdad.

Las declaraciones del exparamilitar y cofundador (junto a Carlos y Vicente Castaño) de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Salvatore Mancuso, ante la Comisión de la Verdad, reviven la existencia de una red de relaciones entre fuerzas del Estado, empresarios, políticos y autodefensas. De hecho, los mismos orígenes de Mancuso como actor dentro del conflicto (informante de la Brigada 11 del Ejército), algo nos dicen sobre esta alianza.

Dentro de este texto retomaremos los episodios ocurridos en la Hacienda de Tulapas, uno de los escenarios donde más claramente se puede evidenciar la maraña de impunidad tejida para sostener a largo plazo el despojo y la violencia ejercida contra las comunidades en la época más cruenta del fenómeno paramilitar, no sin antes realizar un recorrido histórico que le dé contexto a la conveniencia de estas relaciones.

Los orígenes de la doctrina del enemigo interno

Desde mucho antes de la entrada en escena de personajes como Mancuso o los hermanos Castaño, se fueron tejiendo las bases de una relación con el paramilitarismo bendecida por el desarrollo de la Doctrina de Seguridad Nacional, la cual se amparó inicialmente en la represión de los movimientos populares, la criminalización de la protesta social y la contrainsurgencia bajo el dogma del enemigo interno. 

No en vano durante los gobiernos del Frente Nacional (1958-1978), la utilización del estado de sitio como herramienta represiva sirvió de motor para legislar a favor de dicha escuela de pensamiento dentro de las fuerzas del orden. 

El decreto 3398 de 1965 (originado a excusa de un estado de sitio de Guillermo León Valencia), convertido en legislación permanente con la ley 48 de 1968 (Carlos Lleras Restrepo), permitió la entrega de armas de las fuerzas militares a civiles y la creación de grupos de autodefensa organizados y entrenados por el mismo ejército. 

Así mismo, también es recordado el Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay en 1978 el cual, amparado también en un estado de sitio, concedió facultades de policía judicial a las fuerzas militares, provocando una crisis de DDHH caracterizada por detenciones arbitrarias, desapariciones o los allanamientos sin orden judicial.

Desde 1968 se tiene también conocimiento de documentos o manuales contraguerrillas del ejército que daban cuenta no solo de la creación, sino del sentido político de los grupos de autodefensa en el marco de una guerra contrainsurgente.

Todos estos actos de adoctrinamiento ideológico y formación política animaron inicialmente la formación de ACDEGAM (Asociación campesina de ganaderos y agricultores del Magdalena medio) en Puerto Boyacá en 1982 con el apoyo directo del Brigadier general Farouk Yanine Díaz comandante en ese entonces de la Segunda División del ejército, una experiencia que se convertiría en la hoja de ruta a seguir en otras regiones del país como Córdoba.

“Siempre trabajo (sic) de la mano de la población civil y de los grupos de autodefensas, por entonces legales, que formaban los campesinos para librarse de la guerrilla. El respaldo popular y su carisma le valieron el odio declarado de la izquierda, que siempre se esforzó por mostrarlo como artífice del paramilitarismo y de las masacres de los años ochenta”, dice la página de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, ACORE. 

La formación, instrucción y organización de las autodefensas de Puerto Boyacá marcó también el pulso de las relaciones entre paramilitares y narcotraficantes con la intervención del grupo MAS (Muerte a Secuestradores) financiado, entre otros narcotraficantes, por Pablo Escobar, Carlos Lehder, Rodríguez Gacha, los hermanos Ochoa y Castaño. Una relación tan fructífera que permitió el entrenamiento de paramilitares por parte de mercenarios extranjeros, como Yair Klein (de donde provendría el adiestramiento de los sicarios que asesinaron a Luis Carlos Galán). En la sentencia de Justicia y Paz de Hebert Veloza alias HH, se reconoce que el MAS fue “un aparato que potenció las coaliciones regionales entre propietarios de tierra, militares y narcotraficantes”

El proyecto paramilitar desde Córdoba hacia Urabá

Los ‘Tangueros’, como se les llamaba a los paramilitares de Fidel Castaño, debido a una de las primeras fincas -también despojada- que tuvieron como base de operaciones y escuela de guerra en Valencia, Córdoba. Surgieron siguiendo el modelo de Puerto Boyacá, contando incluso con el apoyo de Iván Roberto Duque, político liberal (asociado al representante a la cámara Pablo Emilio Guarin) posteriormente conocido como ‘Ernesto Baéz De la Serna’, quien había sido asesor de ACDEGAM.

El proyecto de expansión paramilitar desde Córdoba (como así lo habían decidido los Castaño) coincidió con las primeras elecciones democráticas de alcaldías en 1988  (el ‘año de las masacres’) y para estas habían surgido diversas fuerzas democráticas a partir del proceso de paz de Belisario Betancur con las FARC, el EPL, el ADO y el M-19 (1982-1986). Entre estas fuerzas estaba la Unión Patriótica, que ya había recibido diversos ataques entre simpatizantes y líderes, como el asesinato del candidato presidencial Jaime Pardo Leal (1987).

La apertura democrática con sectores ligados a la izquierda que se abrían paso en cargos públicos, el plan de control de rutas para el narcotráfico y “reforma agraria” de los paramilitares, la formación de escuelas de mercenarios fundadas en la doctrina acticomunista enarbolada por las fuerzas militares como bandera y la resistencia de una región desatendida por el Estado con presencia histórica de guerrillas, donde “sectores de poder”, como dice Mancuso, habían identificado “un frente de inversión para la explotación de proyectos, ganaderos y agroforestales”; fueron algunos de los elementos en tensión durante el contexto de la decidida entrada del paramilitarismo en Urabá.

Desde 1983 una investigación liderada por la Procuraduría General ya había señalado la directa vinculación entre personal activo de las fuerzas militares, policía, dirigentes políticos y grupos paramilitares. Luego, en 1989 fueron asesinados 12 miembros del CTI de la Fiscalía en La Rochela, Santander y a raíz de este hecho Virgilio Barco decretó la ilegalidad de los grupos de autodefensa, que llevaban ya más de 20 años funcionando bajo el amparo de la ley.

En 1989, luego de que diversos informes del DAS daban cuenta de la coordinación de acciones entre las autodefensas de Puerto Boyacá, narcotraficantes y varios cuerpos del ejército, fue asesinado Galán. Al año siguiente César Gaviria adoptó la Política de Sometimiento a la Justicia, que permitió que se adelantara la entrega de armas del grupo de los Tangueros o Mochacabezas, como también se le conocía al principal brazo armado de Fidel Castaño.

Dicha entrega de 600 fusiles en la finca Las Tangas en 1991 como describe Indepaz, se convirtió en el lanzamiento de la siguiente fase que abordó la consolidación de la casa Castaño en Córdoba y Urabá: la fundación de la ONG fachada Funpazcor, Fundación para la Paz de Córdoba, utilizada para evitar la extinción de los territorios despojados (Fidel Castaño donó 700 millones de pesos en tierras a la fundación), evitar investigaciones y garantizar el desarrollo de su reforma agraria en medio de un supuesto acto de reconciliación con las víctimas.

La muerte de Pablo Escobar en 1993 marcó la oportunidad sin precedentes para Fidel Castaño en el Urabá, quien sostenía una guerra con el capo, desafortunadamente para él, dicha chance no llegaría a concretarse debido a su muerte en 1994 presuntamente en mitad de combates contra las FARC. 

Lejos de terminarse, el grupo paramilitar de Fidel Castaño, bajo el liderato de sus hermanos Vicente y Carlos, se estableció en El Tomate creando una escuela de guerra donde unirían varios grupos armados paramilitares y cambiarían su razón social hacia Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, desde ahí a finales de 1994 y comienzos de 1995 los Castaño ordenaron la incursión violenta en el norte del Urabá antioqueño, a cargo de Carlos Mauricio García Fernández, militar retirado, conocido con el alias de ‘Doble Cero’.

Las mentiras y el despojo de Tulapas

Fue así como bajo el mando de ‘Doble Cero’, se perpetró la entrada violenta de los paramilitares a Tulapas dejando cerca de 4 mil víctimas. Tulapas es un territorio que cuenta con 36 veredas en San José de Mulatos, Turbo, 14 corregimientos de Pueblo Nuevo, Necoclí y 8 en San Pedro de Urabá. Estos territorios fueron colonizados por familias campesinas desplazadas durante la época de La Violencia, expulsadas de la cuenca del río Sinú durante la consolidación del latifundio ganadero de Córdoba, de acuerdo a Rutas del Conflicto.

“Llegamos a esa región, enfrentamos a la guerrilla y la sacamos,empezamos a llamar a los campesinos y les dijimos: -Vengan, ¿Quién quiere vender? Necesitamos comprar estas tierras, necesitamos traer inversionistas a la zona-. Y se compraron miles de hectáreas en la región, muchas personas vendieron asustados, obligados, a 25 mil pesos la hectárea, una cosa absurda”, relató Mancuso a la Comisión de la Verdad. 

El episodio de Funpazcor marcó no solamente el blanqueamiento de dineros y ocultamiento de tierras despojadas por los paramilitares, sino también el impulso legal que nuevamente recibiría el paramilitarismo con la entrada en vigencia de las CONVIVIR (Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada), las cuales son otra muestra indeleble de la alianza entre empresarios y latifundistas bananeros, terratenientes ganaderos y autodefensas en Córdoba, Urabá y otras regiones.

En la sentencia de alias ‘Monoleche’ ante Justicia y Paz, se establece que Funpazcor sirvió incluso de sede para diversas empresas creadas para darle sustento legal a las autodefensas. En especial se dio una clara relación con la Convivir Nuevo Horizonte, representada legalmente por Salvatore Mancuso. Estos supuestos cuerpos de seguridad privados habían adquirido carácter legal en el contexto de la guerra contra Pablo Escobar cobijados bajo el  Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada (1994), una nueva sombrilla jurídica para el crecimiento de las autodefensas desarrollada en el gobierno de César Gaviria y reglamentada y expandida en el de Ernesto Samper, la cual duraría hasta 1997.

Álvaro Uribe Velez y Carlos Miguel Buelvas Aldana, respectivamente gobernadores de Antioquia y Córdoba garantizaron la personería jurídica de las convivir, Pedro Juan Moreno y Benito Osorio (a la postre gerente del Fondo Ganadero de Córdoba) fueron también secretarios de gobierno de los antes citados, el primero quien apoyó la creación de la Convivir Papagayo y el segundo quien organizaría la compra masiva de predios en Tulapas por parte del Fondo Ganadero de Córdoba.

El Fondo Ganadero y la falsa paz en Córdoba

El Fondo Ganadero era una entidad mixta con participación del Ministerio de Agricultura y la Gobernación de Córdoba. En 1997 la junta directiva nombró a Benito Osorio como gerente, de acuerdo al documento de formulación de cargos citado por Rutas de Conflicto, la elección se habría dado por presión de Jesús María López Gómez, exgobernador de Córdoba con influencia en la junta y ficha política directa de Vicente Castaño.

Según Osorio la junta le pidió en 1997 adquirir  entre 4 y 5 mil hectáreas a un precio de 350 mil pesos por hectárea, las cuales solo encontraría en la región del Urabá, donde era ya conocida la presencia de los Hermanos Castaño. Dichas compras se dieron con intervención de Fundación para la Paz de Córdoba, Funpazcor, representada por Sor Teresa Gómez, ficha clave  del sostenimiento y blanqueamiento de los dineros y supuestos proyectos sociales de la casa Castaño.

Sor Teresa, fue uno de los rostros más visibles en el desarrollo del plan masivo de despojo en Tulapas, actuando supuestamente como representante de los campesinos que ya habían sido despojados y buscaban vender sus tierras al fondo bajo presiones y extorsiones, un proceso en el cual participaron diversos testaferros de Salvatore Mancuso, quien posaba de apoderado ganadero para evitar sospechas en la compra masiva.

“Yo personalmente fui cumpliendo esa multiplicidad de roles, como empresario yendo allá a comprar tierras a los Castaño en algún momento. Luego se le vendieron parte de esas tierras al Fondo Ganadero de Córdoba, casi 8 mil hectáreas. De esa manera se traía inversión a la zona, se llamaba a los dueños de las finca en Córdoba (...)”, cuenta Mancuso.

De acuerdo a Indepaz, el plan de apropiación que integraba tres fases, había comenzado con el desplazamiento violento de la población mediante violaciones a los DDHH, luego con la adjudicación de los terrenos en una fachada legal bajo presiones y trucos legales; para finalmente llegar a la explotación productiva de agronegocios de los jefes paramilitares y sus aliados.

La reforma agraria paramilitar en funcionamiento

En el año 2004 luego del expreso interés de la Reforestadora Industrial de Antioquia, firma de la Gobernación de Antioquia para desarrollar proyectos productivos en Tulapas, la junta del Fondo Ganadero decidió entregar inicialmente 500 hectáreas de la hacienda con la esperanza de poder obtener dineros de la explotación maderera de Teca. Respecto a este contrato la Contraloría halló diversas irregularidades tanto en la titulación como en la enajenación de bienes con medida cautelar por Declaratoria de Inminencia de Riesgo o Desplazamiento Forzado y en el hallazgo de algunos otros predios no aptos para la reforestación.

Actualmente dicha relación subsiste pese a los conflictos por el territorio y según Sergio Trujillo, actual gerente de la RIA, se tienen sembradas 1500 hectáreas.

El caucho también cumplió un papel muy importante cimentando el despojo de los paras en Tulapas, esta vez de la mano de Incuagro, Incubadora Empresarial de Producción y Comercialización, una empresa mixta creada durante la presidencia de Álvaro Uribe en el marco del programa Presidencial Contra Cultivos Ilícitos, con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el Fondo de Inversión para la Paz, FIP y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

Incuagro estaba liderada por Luis Alfonso Jaramillo Muñoz, relacionado con el proyecto Multifruits, comercializadora bananera con relaciones directas con el Bloque Elmer Cárdenas. Bajo su gerencia Incuagro creó la Productora de Caucho del Norte de Urabá S.A, Procaucho Urabá, y la Productora de Caucho San Pedro S.A. Esta última involucrada en un millonario detrimento de recursos para la erradicación de cultivos en el marco del Plan 

Colombia.

Impunidad de exportación

Los paramilitares, ya en ese entonces agrupados bajo la figura de las AUC, más específicamente el Bloque Elmer Cárdenas de Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, siguieron manteniendo su dominio en la región aún después de la desmovilización de las AUC en el 2006. De acuerdo a Rutas del Conflicto, el proyecto de ‘El Alemán’ logró el aporte de más de 42 mil millones de pesos, 55% proveniente del Plan Colombia, para garantizar que continuaran los proyectos de teca y caucho en las tierras despojadas.

Con la creación en 2002 de Asocomún por Jhon Jairo Rendón Herrera, alias ‘German Monsalve’, hermano de ‘El Alemán’, nuevamente los paramilitares intentaron ocultar sus planes de dominio y control social detrás de promesas de ayuda a las comunidades en la “gestión de proyectos sociales, económicos, de salud y ambientales”.

Uno de los proyectos de Asocomún fue Tulapa Horizonte de Esperanza, que contó con la participación de por lo menos 72 comunidades pertenecientes a la zona de influencia de Asocomún, proyecto que fue incluido en el programa de Familias Guardabosques (con inversión de USAID) y que recibió apoyo directo  y prolongado del Proyecto de Desarrollo Alternativo de la Presidencia.

Asocomún consiguió entre otros el apoyo institucional de las alcaldías de Necoclí y Turbo, la gobernación de Antioquia, Acción Social de la Presidencia, Corpouraba, el SENA, Organización Internacional de las Migraciones, OIM y la Universidad Autónoma de Manizales, como destaca su postulación al Concurso Internacional de Experiencias de Innovación Social, patrocinado por la CEPAL, con el apoyo de la Fundación W.K. Kellogg, donde el proyecto fue finalista.

“(...)Una nueva generación de empresarios en Colombia, solidarios con los campesinos necesitados han comenzado a compartir el capital financiero representado en tierras y en dinero, en cuanto a las tierras cediendo parte de ellas con el fin de que los campesinos construyan sus viviendas dignas y puedan desarrollar proyectos productivos tanto de seguridad alimentaría (pan coger) como agropecuarios, a fin de establecer cadenas productivas. También han aportado recursos económicos con el fin de cofinanciar algunos proyectos educativos, y de servicios públicos, y la gestión con el Estado (representado en los municipios y sus instituciones) en la búsqueda de alianzas que permitan que el desarrollo sea integral, enfocados a que todos ganen”. 

Dice la página de Tulapa Horizonte de Esperanza en el concurso de la CEPAL.

La lucha por la restitución

Desde 2007 luego de la entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz un grupo de campesinos desplazados de la región de Tulapas decidieron unirse para buscar un proceso de restitución de sus tierras. Aunque desde ese entonces se han vinculado varias personas al proceso, tampoco han sido pocas las amenazas, amedrentamientos y asesinatos. En este mismo proceso fue asesinado el reclamante David de Jesús Goéz en el 2011, desplazado primero por la guerrilla y luego por los paramilitares.

Hoy subsiste un gran riesgo en la región para los reclamantes de tierras y líderes sociales y la influencia paramilitar sigue activa de la mano de grupos como ‘Los urabeños’, los cuales han mutado junto a la guerra complejizando cada vez más su presencia en el territorio y su penetración política y social en el mismo. El proceso mismo de la Unidad de Restitución de Tierras pone en marcha diversos poderes territoriales que hacen oposición con vías de hecho, quedando nuevamente la población en el medio.

Sin duda será necesario un proceso mucho más extenso en esta región donde la institucionalidad acompañe de manera más decisiva a las comunidades en el proceso de reconstrucción de memoria histórica en el contexto del conflicto, esto es de suma importancia en un caso como el de Tulapas, donde el paramilitarismo fundó todo un laboratorio para desarrollar su proyecto político, económico y social a través del despojo.

Es notoria y dolorosa la falta de apoyo que aún siguen teniendo los y las reclamantes de tierras, quienes en algunas regiones ya no quieren saber nada del proceso por el temor constante que generan los grupos residuales del paramilitarismo.

Transversalmente será de vital importancia en el marco de la Justicia Especial para la Paz, la participación de políticos y empresarios financiadores del conflicto en el reconocimiento y reconstrucción de la verdad sobre los hechos ocurridos en el marco del conflicto, sobre las grandes afectaciones en materia social y medio ambiental que sufrieron las comunidades y cómo los proyectos de desarrollo regional en el Urabá terminaron convirtiéndose en miseria para sus habitantes.